Congreso norteamericano debe investigar acciones de la OEA en Bolivia.

Congreso norteamericano debe investigar acciones de la OEA en Bolivia.

(Tomado de thehill.com)

Por Reps. Jan Schakowsky (D-Ill.) y Jesús “Chuy” García (D-Ill.)*

Donald Trump ha mostrado poca afinidad por las instituciones multilaterales, desde la ONU y los acuerdos globales sobre el clima hasta la Organización Mundial del Comercio. Pero hay una organización con la que su administración se ha alineado fuertemente: la Organización de Estados Americanos (OEA). Quizás como era de esperar, esta alianza parece coincidir con algo siniestro en la OEA.
La OEA proporciona Misiones de Observación Electoral para los gobiernos que desean que expertos honestos e independientes observen sus elecciones. Estas misiones suelen reflejar y defender estos principios, pero en ocasiones se han inclinado ante la presión política. Esto ocurrió en las elecciones de 2000 en Haití, lo que contribuyó a un corte de la ayuda internacional que condujo a un violento golpe de estado; y también en Haití en 2011, cuando la OEA cambió arbitrariamente los resultados electorales. Más recientemente, la OEA jugó un papel destructivo en Bolivia, luego de las elecciones del 20 de octubre.

Desde el día después de la votación, la OEA ha ayudado a dirigir una falsa narrativa de que el presidente en ejercicio, Evo Morales, y su partido, “manipularon” o “robaron” las elecciones. Esta narrativa contribuyó a la polarización política y la violencia en Bolivia, un golpe militar y la incertidumbre actual sobre el futuro de la democracia.
Recientemente, el New York Times informó sobre un nuevo estudio académico que concluyó que las denuncias iniciales de fraude de la OEA “se basaron en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas”. Investigadores del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y del MIT Election Data and Science Lab ya habían llegado a conclusiones muy similares en los últimos seis meses.
El informe del Times señaló que estas afirmaciones “defectuosas” de la OEA habían “alimentado una cadena de eventos que cambiaron la historia de la nación sudamericana” y ayudaron a “sacar al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después”.
El nuevo estudio académico coincide con la gran mayoría de los expertos que han analizado los datos, incluidos 133 economistas y estadísticos que enviaron una carta a la OEA, cuestionando de manera similar sus acusaciones de fraude, el 2 de diciembre de 2019. La carta no ha recibido respuesta. .
La historia comienza la noche de las elecciones con una interrupción en los informes de recuento de votos preliminares y no oficiales. En el momento de la interrupción, con el 84 por ciento de los votos contados, Morales adelantaba a su oponente en segundo lugar, Carlos Mesa, en 7,9 puntos porcentuales. Cuando se reanudó la publicación de estos resultados no oficiales 23 horas después, la ventaja de Morales había aumentado a 10,1 puntos porcentuales. Y cuando los votos fueron contados oficialmente, Morales terminó con una ventaja de 10,6 puntos porcentuales. Según las reglas electorales, esta ventaja de más de 10 puntos le dio a Morales una victoria en la primera ronda y evitó una segunda vuelta.
La oposición denunció fraude, y antes de que los votos fueran contados por completo, la OEA respaldó a la oposición, alegando un cambio de tendencia “inexplicable” y “drástico” que había socavado la legitimidad de los resultados.
La OEA no proporcionó ninguna prueba o fundamento para esta afirmación. En realidad, el margen de Morales aumentó por una razón simple y relativamente común: los distritos con mayor apoyo a Morales y su partido tendían a informar los resultados más tarde que otros distritos.
Aunque se les señalaron estos hechos, la Misión de Observación Electoral continuó defendiendo sus reclamos iniciales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó públicamente que creía que se trataba de una elección fraudulenta. También afirmó repetidamente, sin pruebas, que las elecciones fueron “robadas”. Almagro, en su propia apuesta por la reelección como secretario general, parecía estar cortejando a los gobiernos de derecha de las regiones, incluida la administración Trump. Y, de hecho, recibió un nuevo mandato de cinco años en marzo.
Hace más de seis meses, el 25 de noviembre, junto con los representantes Jared Huffman (D-Calif.) y Bobby Rush (D-Ill.), enviamos una carta a la OEA con preguntas básicas sobre sus declaraciones y hallazgos sobre la elección. La OEA no respondió a estas preguntas. En respuesta al artículo del Times de la semana pasada, un funcionario de la OEA calificó su propio análisis estadístico falso como un “punto discutible” y desvió la atención hacia otras acusaciones de fraude. Pero después de haber expuesto una mentira tan masiva, ¿cómo es posible que los miembros del Congreso continúen tomando las afirmaciones de la OEA al pie de la letra?
De hecho, lo que ocurrió fue un golpe militar que derrocó al primer presidente indígena de Bolivia, en un país con el mayor porcentaje de indígenas del hemisferio. Desde el golpe, las fuerzas de seguridad, han operado bajo la impunidad del gobierno de facto, perpetraron dos masacres, matando al menos a 18 personas, muchas de ellas indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, ha denunciado un aumento de ataques y amenazas contra periodistas, y la criminalización y persecución de líderes sociales y ex funcionarios del gobierno de Morales. Las nuevas elecciones están programadas tentativamente para el 6 de septiembre, aunque existe la preocupación de que el gobierno “interino” no elegido continúe retrasándose.
No es sorprendente que la administración Trump haya celebrado el regreso a un gobierno no democrático donde los pueblos indígenas son marginados y excluidos. Pero el Congreso de los Estados Unidos no debería tolerar esto.
El Congreso de los Estados Unidos proporciona alrededor del 60 por ciento de los fondos de la OEA. Puede y debe investigar el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y garantizar que el dinero de los contribuyentes no contribuya al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos humanos. El Congreso también debe tomar las medidas adecuadas para responsabilizar al gobierno de Trump por cualquier papel que haya desempeñado en la destrucción de la democracia de Bolivia.

*Schakowsky, Representante de Illinois 9no Distrito y García, Representante por 4to Distrito de Illinois.